EL PLAN DE REGULARIZACIÓN DE HACIENDA HA LLEGADO YA A 349 LOCALIDADES EXTREMEÑAS Y SEGUIRÁ EN 2018

Por en 28 diciembre, 2017

Las inspecciones del Catastro detectan fraudes en más de 136.000 inmuebles

 

La lucha del Catastro contra el fraude sigue dados sus frutos. Las inspecciones que se están llevando a cabo desde el año 2014 han permitido detectar fraudes en más de 136.000 viviendas de Extremadura, en la mayoría de los casos por ampliaciones, reformas o nuevas construcciones que no se han notificado a la Administración. Los afectados, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, verán incrementado el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) entre un 4% y un 6%, en función de la provincia en que residan.

El Plan de Regularización Catastral se puso en marcha en el año 2014 junto a la amnistía fiscal y su objetivo no es multar las construcciones ilegales, sino aflorar los inmuebles que no están tributando de forma correcta. Para ello se llevan a cabo rastreos desde el aire con satélite y drones. Las directrices del plan vienen marcadas por el Ministerio de Hacienda, que actúa junto a los ayuntamientos. El proceso se ejecuta por fases periódicas y la lista de las localidades que se revisan en cada una de ellas se publica antes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En el caso de Extremadura, el último listado se publicó el 30 de diciembre de 2016 e incluye a 40 municipios que se han estado revisando a lo largo de este año. Mérida, Malpartida de Cáceres, Almaraz, Alcántara o Miajadas son algunos. El plan iba a concluir en 2017, pero el Consejo de Ministros aprobó en verano su continuidad en 2018, pues se ha convertido en una eficaz herramienta en la lucha contra el fraude y aporta información relevante a las entidades locales.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda a este diario, desde que se pusiera en marcha en 2014 hasta septiembre de 2017, el plan ha concluido en 349 de los casi 400 municipios que tiene Extremadura. Se han conseguido regularizar un total de 136.077 inmuebles urbanos y rústicos, de los que 80.337 corresponden a la provincia de Cáceres y 55.70 a la de Badajoz. En el 42% de los casos el fraude obedece a una ampliación de la vivienda habitual que no se ha comunicado al Catastro (por ejemplo levantar un segundo o tercer piso) y en el 36% se han detectado nuevas construcciones que no están abonando el IBI. En otro 20% de los casos se ha hecho una reforma integral o cambio de uso del inmueble que afecta a su tributación (por ejemplo la adecuación de una casa antigua) y en el 2% restante el fraude se debe a la construcción de piscinas.

 

Incremento del RECIBO / Una vez comprobadas las modificaciones por los técnicos de Hacienda a través de fotografías aéreas, los afectados reciben una notificación por correo. Tienen que abonar una tasa de 60 euros (desde el Catastro recalcan que no es una multa, sino un canon que se destina a financiar el plan) y ponerse al día en el pago del IBI: actualizar el recibo de acuerdo al valor actual de su vivienda y los tipos vigentes en su municipio y abonar los atrasos de los cuatro últimos años, ya que lo anterior se considera prescrito.

En los 164 municipios de la provincia de Cáceres en los que la revisión ya ha finalizado, el incremento medio del recibo para los afectados ha sido del 4,48%. La cifra es aún superior en la provincia de Badajoz, pues en las 185 localidades revisadas han visto incrementado el recibo en un 6,38% de media.

Desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) ven «correcto» el plan de regularización catastral, más rápido que una inspección normal, pero también han criticado la falta de información que rodea al proceso, ya que muchos afectados piensan que el tema queda zanjado con el pago de los 60 euros y se dan cuenta de que no es así cuando el ayuntamiento gira el recibo y los atrasos. Después, ya con el valor en firme, reclamar resulta mucho más complicado.

45 municipios extremeños revisarán sus valores en 2018

Han solicitado al Ministerio de Hacienda la revisión de sus valores catastrales para el año 2018. Los coeficientes de actualización todavía no se conocen (se publicarán en el decreto de prórroga de los Presupuestos del Estado), pero en la mayoría de los casos la revisión se traducirá en un incremento del recibo del IBI si los ayuntamientos no aplican una rebaja de los tipos.

El criterio que establece si los valores catastrales se actualizan al alza o a la baja es el año en el que se llevó a cabo la última revisión. En el caso de Extremadura, 28 de los 45 municipios que la han solicitado tienen valoraciones anteriores al año 2.000 (algunas incluso datan de 1987) y seguramente experimenten subidas. Como indicador, el año pasado el tope se fijó en el 2003: los municipios con revisión anterior a esa fecha (48) revisaron sus valores catastrales al alza, mientras que en el resto (24) se hizo a la baja al tener en cuenta los efectos de la burbuja inmobiliaria.

Según la información del Boletín Oficial del Estado (BOE) son en total 45 localidades, 36 de la provincia de Cáceres y nueve de Badajoz, las que han solicitado la actualización de sus valores en 2018. En la provincia pacense son Badajoz, Burguillos del Cerro, Higuera la Real, La Parra, Llerena, Montijo, Oliva de la Frontera, Villanueva de la Serena y Zalamea.

En Cáceres: Aceituna, Albalá, Berrocalejo, Cabezabellosa, Cachorrilla, Casillas de Coria, Castañar de Ibor, Cañamero, Conquista de la Sierra, El Torno, Escurial, Guijo de Coria, Huélaga, La Garganta, La Granja, Losar de la Vera, Madroñera, Marchagaz, Membrío, Mohedas de Granadilla, Morcillo, Palomero, Pasarón de la Vera, Pedroso de Acim, Peraleda de la Mata, Pescueza, Piornal, Plasenzuela, Portaje, Robledollano, Sierra de Fuentes, Torreorgaz, Villa del Rey, Villamesías, Villanueva de la Vera y Zarza de Granadilla.

Fuente: elperiodicoextremadura.com

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