Una visión de la vivienda social en España

Por en 10 octubre, 2017

Desde el inicio de la crisis, las entidades adheridas a CECA han llevado a cabo más de 760.000 negociaciones de préstamos, más de 7.300 paralizaciones de desahucios y más de 35.000 daciones en pago

Datos sobre la vivienda en la EU-28. Fuente: Eurostat

La crisis económica trajo consigo, entre otros problemas, el impago de las deudas hipotecarias y la pérdida de vivienda para muchas familias españolas. Tener una vivienda en propiedad ayuda a mantener el nivel de vida a la edad de  la jubilación,  es un activo patrimonial que refuerza la riqueza y materializa el ahorro de muchos pequeños ahorradores.

Según los datos de Euronet sobre vivienda publicados en febrero 2017, cerca de un cuarto (26.9 %) de la población de la EU-28 vivía en una vivienda propia con un préstamo o una hipoteca pendiente de pago, mientras que más de dos quintos (42,5 %) de la población lo hacía en una vivienda propia sin préstamo ni hipoteca.

Tenemos así que siete de cada diez personas de la EU-28 vivía en viviendas propias frente 7,8 que lo hacen en España, donde el 31,2% de la población lo hace en viviendas propias con préstamos hipotecarios. Esto demuestra queen España hay una mayor propensión a la vivienda en posesión frente a la vivienda en alquiler en comparación con la media de los países de la UE. El mercado hipotecario español ha permitido acceder a la vivienda en propiedad, algo muy arraigado en nuestra cultura y a lo que aspiran muchas familias españolas.

El 70% de los pensionistas en España tiene únicamente su pensión pública como fuente de ingresos y un 38% de los mayores de 65 años tiene unos ingresos inferiores a 750 euros mensuales, tal y como revela el estudio ‘La revolución de la longevidad y su influencia en las necesidades de financiación de los mayores’ ganador del XI Premio Edad&Vida. Para ellos, el no tener que hacer frente al pago de un alquiler o el pago de una hipoteca es fundamental para poder mantener su nivel de vida.

En España, el número total de hipotecas a hogares para adquisición de vivienda alcanzó, en diciembre de 2015, un total de 6.385.023, de las que 5.803.699 correspondían a hipotecas para vivienda habitual según publicó el Banco de España en su Nota informativa sobre los procesos de ejecución hipotecaria sobre viviendas publicada el 20/07/2016.
La crisis financiera del 2008 trae consigo un aumento del paro y el cierre de empresas. Muchas familias no pueden asumir sus compromisos crediticios y corren el riesgo de perder su vivienda. Para evitar que esto suceda, las entidades financieras ponen en marcha varias medidas como son las como renegociaciones (ampliaciones de plazos, adaptación de cuotas,  bonificación tipos de interés, carencias de intereses…), daciones en pago,  , etc…

Cuando esta vía se agota, y el desahucio y lanzamiento de producen, las Entidades Financieras facilitan otras medidas de carácter no financiero para paliar en la medida de lo posible este problema social. Entre otras medidas cabe destacar los programas de alquiler social y programas de ayuda a desempleados para facilitar la búsqueda de empleo o el reciclaje laboral.

 

 

Desde el inicio de la crisis, las entidades adheridas a CECA han llevado a cabo más de 32.800 alquileres sociales y han puesto a disposición del FSV un total de 6.236 viviendas

Los problemas provocados por los desahucios ponen en marcha una batería de medidas de carácter legislativo y de políticas públicas en las que participan de forma decidida y comprometida todas las entidades financieras. A nivel estatal cabe destacar el Código de Buenas Prácticas (CBP) y el Fondo Social de la Vivienda (FSV), promovidos por el Gobierno y coordinados por el Ministerio de Economía y Competitividad.

 

 

 

Desde el año 2012, en el que entró en vigor el CBP,  las entidades no han efectuado desahucios de primera vivienda de personas en situaciones de vulnerabilidad

 

El Fondo Social de la Vivienda se creó el 17 de enero de 2013 para dar cumplimiento al Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, por la que se le confiaba al Gobierno la creación de un Fondo Social de Viviendas. Las entidades financieras participantes pusieron a disposición de sus respectivos fondos 5.891 viviendas, de las que el 54% correspondían a entidades adheridas a CECA.

En septiembre de 2015 se firmó una adenda al Convenio que incluía la aportación de 3.974 viviendas adicionales al Fondo Social de la Vivienda. Tras esta ampliación*, las entidades financieras habrán puesto a disposición del FSV un total de 10.306 viviendas. El 60% de estas viviendas, es decir 6.236, han sido aportadas por las entidades adheridas a CECA.  Estas viviendas son ofrecidas por las entidades financieras a familias en situación de vulnerabilidad social afectadas por lanzamientos. Los alquileres son  muy reducidos (entre 0 y 400€)  y en ningún caso superior al 30% de la renta disponible.

 

 

CECA además participa activamente en la Comisión de Coordinación y Seguimiento del FSV en representación de las entidades del Sector.

Programas de alquiler social

Muchas entidades adheridas a CECA desarrollan programas de alquiler social para personas necesitadas, sean o no clientes de las entidades. También colaboran activamente con las administraciones locales y organizaciones sociales poniendo a su disposición viviendas.

Adicionalmente  disponen de programas de apoyo en formación y reinserción laboral de personas afectadas por las ejecuciones hipotecarias o, en general, por el desempleo o en riesgo de exclusión social.

Últimamente se observa un fenómeno creciente de ocupación ilegal de viviendas. Entre otros efectos negativos, cabe señalar que suponen un problema para la normal adjudicación de las viviendas de alquiler social. Y es que las ocupaciones ilegales impiden que familias vulnerables puedan acceder a las viviendas facilitadas por los servicios sociales, ayuntamientos, entidades financieras, etc…

*El total de viviendas aportadas al Fondo Social de Viviendas es el resultado de la ampliación de septiembre 2015 y aportaciones posteriores realizadas por las entidades.

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